Huguito el rojo

El Gobierno colombiano ha divulgado el texto completo del acuerdo sobre las bases militares, lo que debería disipar las prevenciones que aquí y en el exterior existían sobre su contenido. Aunque sería ingenuo creer que esto apaciguará la paranoia belicista del caudillo bolivariano. La denuncia de las bases militares es parte esencial de su estrategia de aislamiento de Colombia en la región, y de victimización de su Gobierno como blanco de una supuesta agresión colombo-yanqui.

Como si Estados Unidos necesitara acudir a esas bases para una acción militar contra Venezuela. El día que la decidiera –y no hay nada que sugiera que Obama contemple siquiera remotamente tal posibilidad–, lo haría desde el Comando Sur, con la Cuarta Flota, estacionada en el Caribe, y no desde las pobremente equipadas bases colombianas. Quedó muy claro, además, que en ellas no habrá cesión alguna de territorio ni de mando colombiano, y que no podrán utilizarse jamás contra otros países.Pero, frente al anti-colombianismo cada día más beligerante del mandatario venezolano, sí sirven como elemento disuasivo. Más político o sicológico que militar. Y nos evitan incurrir en una ruinosa carrera armamentista. Para un país con problemas de seguridad tan dramáticos como los que tiene el nuestro, un significativo aspecto adicional es que la fuerza armada colombiana dispondrá ahora de mayor flujo de crucial inteligencia tecnológica en tiempo real para combatir a los grupos armados ilegales.


El tratado recientemente firmado fortalece la estratégica relación bilateral Colombia-Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Algo que enardece a Chávez y alimenta su ruidosa campaña contra el "enemigo externo", típica maniobra de distracción de regímenes con problemas internos y popularidad declinante.
Ahora bien, la estrategia chavista va más allá de las bravuconadas, y el Gobierno colombiano debe estar atento, so pena de que lo cojan con los calzones abajo. Y no hablo del terreno militar, sino del diplomático y jurídico internacional, que se supone es nuestro fuerte. Chávez busca armar a toda costa un caso contra Colombia para eventualmente denunciar formalmente ante un tribunal internacional que él y su gobierno son víctimas del conflicto colombiano. Se basa en las declaraciones de Rafael García, en el caso de los paras capturados hace años en Venezuela, y en los últimos y graves incidentes fronterizos, todos los cuales han sido denunciados por Caracas como producto del paramilitarismo colombiano.
Razón no le falta al canciller Bermúdez cuando pide a Venezuela que esclarezca los asesinatos en la frontera sin tanto "prejuzgamiento político". Tampoco a Teodoro Petkoff cuando dice, a propósito de la matanza de nueve colombianos en el Táchira, que no se trata tanto de saber quiénes eran, sino de quiénes los mataron. Sobre esto, silencio en el palacio presidencial de Miraflores.
No deja de ser irónico que Chávez pretenda pasar a la ofensiva diplomático-jurídica, cuando se supone que Colombia es la que tiene un sólido prontuario sobre sus complicidades con las FARC y el ELN, que iba a presentar ante la comunidad internacional. Pero se durmió, o prefirió no usarlo, y ahora el teniente coronel quiere curarse en salud volteando la torta.

Por eso está empeñado en elevar deliberadamente las tensiones fronterizas y en montar acusaciones y hechos que señalen a Colombia como el origen de todos sus males. La matanza de colombianos en el Táchira y otros actos recientes de violencia no serían ajenos a este plan. Con asesores de cabecera tan siniestros como el ex ministro Rodríguez Chacín (el de "Adelante, compañeros de las FARC") y el general Carvajal Barrios (que reclutó a Rafael García como testigo contra Uribe), todo es posible. Y, como están las cosas, lo más peligroso es que Chávez provoque un incidente fronterizo que se salga de madre.